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POLÍTICA DE AGUAS INSTAURAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA
El Plan Hidrológico Nacional insiste en una política hidráulica basada en el impulso de la oferta, optando masivamente por unas infraestructuras que pretenden multiplicar un recurso en realidad cada vez más escaso. Lejos de prepararnos para una drástica reducción en la disponibilidad de agua a consecuencia del cambio climático, mantenemos un modelo de gestión insostenible que genera una demanda galopante y descontrolada. Su paradigma es el trasvase del Ebro, un proyecto faraónico que tendrá graves repercusiones ambientales y sociales, tanto en la cuenca donante como en las cuencas receptoras. El Gobierno ha convertido su puesta en marcha en una cuestión de Estado, a pesar de la imposibilidad física de realizarlo a medio plazo por falta de recursos hídricos a trasvasar y por su inviabilidad económica. Es hora ya de dejar paso a una gestión del agua basada en la contención de la demanda. Hay que impulsar el ahorro y la implantación de tecnologías industriales y domésticas que reduzcan el consumo, poner en práctica políticas de prevención de la contaminación, extender la depuración y reutilización de aguas residuales, y apoyar la conservación y regeneración de los ríos y humedales. En definitiva, hay que instaurar una nueva cultura del agua. Instrumento imprescindible de esa gestión de la demanda es un sistema de precios diferenciados para los distintos usos del agua, que no sea un mero elemento recaudador sino un mecanismo eficaz para racionalizar el consumo, primando el ahorro y penalizando el derroche. COMPROMISOS PROPUESTOS • Derogar el Plan Hidrológico Nacional y descartar definitivamente la construcción de grandes embalses y trasvases. • Desarrollar y aplicar medidas de gestión de la demanda en cada cuenca hidrográfica, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre sus recursos renovables y las demandas y reducir en la próxima legislatura los consumos de cada una de ellas en un 20%. • Recuperar todos los acuíferos sobreexplotados del país y cerrar todas las extracciones ilegales. • Deslindar y restaurar todo el dominio público hidráulico antes de finalizar la legislatura. • Cumplir el objetivo de depuración de todas las aguas residuales de municipios mayores de 2.000 habitantes para 2005. |
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