ASSOCIACIÓ L'ALGAR NET I VIU

Participación ciudadana y abusos urbanísticos

INFORMACIÓN 27-3-2003
JOSÉ LUIS RAMOS

Docenas de asociaciones ciudadanas confluirán en Alicante para revindicar mayor participación ciudadana en las decisiones administrativas que afecten a la ordenación del territorio. Unos son propietarios y protestan porque no se les tiene en cuenta. Otros son ecologistas que creen que el suelo es un bien común cuyo destino debe tener en consideración el bien estar social de la sociedad que lo ocupa y de las generaciones futuras.

Lo curioso es que la legislación urbanística vigente establece la obligación de consultar y de formalizar acuerdos con los ciudadanos particularmente afectados, en la fase de redacción técnica de los planes y programas, obligando que el resultado se refleje el expediente. Sin embargo, entre los muchos expedientes que por razones profesionales he consultado jamás encontré un solo folio donde se haga constancia de la preceptiva participación ciudadana. Algunos creen que el derecho de participación ciudadana se hace efectivo desde el momento que se expone el proyecto a exposición pública y se presentan alegaciones. Quienes así piensan desconocen que la legislación urbanística establece la audiencia, la consulta y la información pública, como tres marcos de participación ciudadana diferenciados. Los dos primeros casos deben darse dentro de los actos preparatorios, en la fase de redacción técnica, anteriores a la redacción del plan o programa.

Por audiencia debe entenderse la obligación de oír a los afectados e interesados antes de decidir. La consulta va referida a otras administraciones, entidades e instituciones representativas del ámbito de la actuación urbanística. En ambos casos la ley obliga a que se refleje su resultado por escrito en el expediente. Por último la información pública tiene por finalidad poner a disposición de todos los ciudadanos en general el proyecto elaborado en la fase de redacción técnica y que se propone aprobar. En ningún caso el cumplimiento de la fase de exposición pública puede suplir el derecho de consulta y audiencia previa de los afectados. Cabe añadir que los tres marcos de participación deben aplicarse tanto a la fase de aprobación de los proyectos como de su ejecución. Nada de lo dicho se cumple. En la práctica se limitan a remitir aviso de lo aprobado al domicilio fiscal del propietario en los casos de PAIs y ni siquiera eso en los planes. Esa falta de control democrático sobre las actuaciones urbanísticas es la causa fundamental de tantos abusos urbanísticos que se producen a lo largo de todo el litoral.